Medidas contra el fraude fiscal, ¿éxito o fracaso?

Una de las piezas clave para poder mantener la sostenibilidad del Estado de Bienestar son los ingresos fiscales obtenidos. España está muy por debajo de la media europea en ingresos fiscales. Por lo tanto, en épocas de crisis, como la actual, es necesario progresar aún más en la lucha contra el fraude fiscal.

Si bien, el fraude fiscal no es un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha comenzado a tomar conciencia de su gravedad y de la magnitud que alcanza. Según informes de 2015, se estima que alrededor de 200.000 millones de euros  (la quinta parte del Producto Interior Bruto, PIB) escapa al control de Hacienda, debido a la falta de escasez de medios invertidos para la recaudación de impuestos. A esto hay que sumar que los billetes de 500 euros (los que son más susceptibles de utilizarse en actividades poco transparentes o fraudulentas) suponen ya el 75% del total del dinero en circulación en España.

Desde su creación, la Agencia Tributaria ha intentado frenar el fraude fiscal con la aprobación de diferentes medidas de lucha antifraude. En 1994, 1996, 1998 y 2000 se elaboraron diversos documentos de planificación estratégica que no obtuvieron todo el éxito esperado y que pueden citarse como antecedentes del Plan de Prevención del Fraude de 2005, que fue actualizado en 2008.

A pesar de dichas medidas, los resultados tampoco fueron los deseados por la Organización de Inspectores de Hacienda, y preocupa a la sociedad. Así, el 60% de los ciudadanos considera que es el principal problema de nuestro país.

Uno de los aspectos negativos que contribuye a no alcanzar los objetivos deseados, a tenor de lo que dicen los expertos, es que nuestra Agencia Tributaria no está bien preparada para luchar contra la evasión fiscal. Según un informe de OBS Business School, el fisco español sólo invierte el 0,11% del PIB en combatir a los defraudadores. A esta falta de inversión hay que sumar la escasez de recursos humanos y el envejecimiento de la plantilla.

Mejoría

A pesar de todo ello, en los últimos años la efectividad ha logrado ir en aumento. En 2015, Hacienda consiguió 15.664 millones de euros por sus actuaciones de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, lo que supone un aumento del 27%, respecto a los 12.318 millones recaudados en 2014. El mayor ingreso obtenido en este sentido por las arcas públicas, con una cifra que representa un 1,5% del PIB.

Esto supone una mejoría notable respecto a años anteriores, como 2005, cuando la recaudación en este concepto superaba apenas los 6.000 millones de euros (0,6% del PIB). De hecho, desde que se aprobó el Plan de Prevención de Fraude Fiscal la recaudación ha ido aumentando año tras año.

Sin embargo, el fraude fiscal en España es un problema todavía no resuelto. Para combatirlo eficazmente, los expertos apuntan a que las administraciones deben seguir invirtiendo mucho más y mejorar las medidas actuales, que han demostrado ser insuficientes. Las formaciones políticas y administrativas conocen la importancia del tema, y desde distintos estamentos se han realizado nuevas propuestas para terminar con él. Porque es un problema que afecta a toda la sociedad.

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