¿Qué es una amnistía fiscal?

Se presentó en su día por el Gobierno como “declaración tributaria especial” o “regularización especial”, que en realidad quería evitar el término “amnistía fiscal”. ¿Qué es? ¿Quién se acogió a ella? ¿Sigue en vigor? De todo ello hablaremos en nuestro siguiente post.

Y lo primero es definir qué es una amnistía fiscal. Se trata de una medida por la que, durante un tiempo limitado, se ofrece a un grupo de contribuyentes a pagar una determinada cantidad a Hacienda a cambio de condonar la deuda tributaria que tiene contraída con el Estado. Dicho de otra manera, más llana: contribuyentes que no cumplieron con Hacienda en su día pueden pagar cierto tanto por ciento del total que deben y a cambio se libran de cumplir total o parcialmente sus obligaciones tributarias.

Tres amnistías fiscales en la España actual

En España ha habido varias. La primera fue en 1984 cuando gobernaba el PSOE, con Miguel Boyer al cargo del ministerio de Economía y Hacienda, a través de compra de pagarés públicos, los conocidos como afros. La segunda fue en 1991 también con PSOE en el poder, con Carlos Solchaga al frente del mismo ministerio. En esta ocasión se permitió comprar deuda pública con dinero evadido a un interés muy inferior al del mercado (del 2% cuando el interés de esas inversiones era del 13%).

Y llegamos a la última hasta el momento, de 2012 con el PP en el gobierno, con Cristóbal Montoro como titular de Hacienda. Ese año se estableció un gravamen especial del 10% para la declaración de activos no declarados a la Agencia Tributaria a cambio de no multarles ni sancionarles.

Se llamó "declaración tributaria especial" (DTE) y se aprobó y reguló mediante el Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público (según reza su título). Esta medida fue anulada por el Tribunal Constitucional el 8 de junio de 2017 (la declaró nula e inconstitucional).

Fue una de las dos medidas excepcionales vía Real Decreto Ley (la otra establecía un gravamen específico del 8 por 100 para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatriasen hasta el 31 de diciembre de 2012) que se presentaba como “otro gravamen especial de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Hacienda endurecerá el régimen sancionador tributario en 2013, pero con anterioridad permitirá una regularización extraordinaria de capitales, previo pago de un gravamen complementario del 10 por 100 del importe de los bienes y derechos aflorados. Los contribuyentes podrán presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria. El plazo de presentación y su ingreso finaliza el 30 de noviembre”.

¿Cómo resultó la amnistía de 2012?

Desde abril a noviembre, período que se estipuló para los defraudadores se acogieran a esta amnistía, se presentaron un total de 31.529 declaraciones que pagaron de media unos 37.800 euros. De ellas, el 98% fueron personas físicas (30.871 declaraciones de 29.065 contribuyentes) y el 2%, jurídicas (658 declaraciones de 618 contribuyentes).

Y entre ellas saltaron a la luz nombres tan conocidos como Rodrigo Rato (vicepresidente del gobierno Aznar, ministro de Economía, gerente del Fondo Monetario Internacional, banquero), Luis Bárcenas (extesorero del PP), Fernando Martín (empresario), Josep y Oleguer Pujol (hijos del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol), los Franco y Diego Torres (empresario), entre otros. Al final no se ha hecho pública la lista (los nombres que se conocen lo fueron a través de filtraciones a la prensa) gracias al acuerdo alcanzado por las formaciones políticas, así que el resto se libra de dar explicaciones a la opinión pública.

En la comparecencia ante el Congreso, el ministro Montoro afirmó “que ninguna persona, física o jurídica puede favorecerse por la presentación de la declaración tributaria especial (DTE), en el supuesto de tener iniciado un procedimiento de regularización tributaria en vía administrativa o en vía judicial con carácter previo a la presentación de la DTE”. Y señaló que “no se puede aceptar que la DTE supone legalizar las conductas ilícitas que hayan generado recursos económicos. De modo que quien haya cometido un delito de blanqueo o de malversación seguirá siendo responsable de tales delitos”. Lo que venía a decir que quien estuviera siendo investigado en un proceso penal no evita la continuación del proceso ni la posible condena por la presentación de la DTE.

¿Funcionaron (económicamente) las amnistías fiscales?

Según algunos expertos, las dos primeras tuvieron escaso éxito no consiguieron sus objetivos de que los defraudadores compraran deuda y atraer capitales en esos tiempos de crisis económica que se estaban viviendo.

Y con respecto a más reciente, la amnistía hizo salir a la luz 40.000 millones de euros no declarados de los que 1.192 fueron a parar a las arcas públicas, aunque después se ha sabido que en lugar del 10% que había que pagar por parte de algunos infractores, el porcentaje fue inferior o muy inferior y que, además, la cifra que se esperaba recaudar (de 2.500 millones) fue bastante menor.

Pros y contras de las amnistías fiscales

A decir de los expertos, las amnistías fiscales ofrecen varias ventajas, como la de permitir sacar a la luz activos que hasta ese momento no eran controlados por organismos públicos ni fiscales. En segundo lugar, que esos activos pueden ayudar a reducir el déficit público del país mediante el establecimiento de una tasa por regulación de dichos activos. Y, en tercer lugar, una repatriación del dinero que hasta el momento antes de la amnistía estaban fuera del país.

Sin embargo, y como contra, en una amnistía fiscal se perdona a los defraudadores, por lo que a quienes sí cumplen con el fisco les genera malestar y una sensación de que “a quien defrauda no les pasa nada”. Además, lo que se recauda es mucho menor que lo que correspondería si se declarase a Hacienda como se debe. Y, en último lugar, la población puede pensar que no hay suficientes medios ni controles para luchar contra el fraude.

 

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