Movilidad laboral. Obligaciones de la empresa, derechos de los trabajadores

Recogiendo puesto trabajo

Los empresarios tienen la facultad de trasladar a sus trabajadores de un centro de trabajo a otro, siempre que se ajuste a las motivaciones recogidas en el Estatuto de los Trabajadores y se respete los derechos de los empleados.

¿Comenzar a trabajar en una empresa y jubilarse en el mismo centro? Hace años sí era posible pero cada vez más esto es la excepción. Y es que la globalización y la crisis económica, entre otros factores, han derivado en una mayor flexibilidad del mercado laboral. Uno de sus síntomas es la intensificación de la movilidad geográfica de los trabajadores por necesidades de su empresa. La disponibilidad para aceptar traslados está en la actualidad está muy bien valorada por los empresarios y responsables de recursos humanos.

Pero, ¿qué es la movilidad geográfica? Todo cambio de centro de trabajo dentro de una misma empresa que exija al empleado mudar de residencia. Es importante no confundir este traslado con el desplazamiento, el cual hace referencia al cambio de centro laboral de un trabajador durante un periodo inferior a doce meses en tres años.

Exigencias para las empresas

Los requisitos y obligaciones de los empresarios para poder recurrir a la movilidad geográfica, además de los derechos que asisten a los empleados, están recogidos en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.

Las empresas que necesiten trasladar a algún trabajador a un centro de trabajo distinto que le obligue a cambiar de residencia deben justificar razones económicas, técnicas, organizativas o de producción para ello. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial. Esta exigencia no es necesaria en el caso de aquellos empleados contratados específicamente para prestar sus servicios en compañías con centros laborales móviles o itinerantes, o que en sus contratos se refleje que pueden ser trasladados cuando la empresa lo necesite.

Cuando una empresa decida cambiar el centro laboral de un trabajador, debe notificárselo, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad. El Estatuto de los Trabajadores señala, además, que el aviso por parte de la empresa deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los empleados de una duración no superior a quince días, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que este ocupe a más de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro laboral, en un periodo de noventa días comprenda a un número de trabajadores de, al menos:

- Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien.

- El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos.

- Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos.

Resaltar que los representantes legales de los empleados tienen prioridad de permanencia en sus puestos de trabajo. Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas, se pueden establecer prioridades de permanencia a favor de trabajadores de otros colectivos, como aquellos con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad.

El empresario puede igualmente ordenar desplazamientos temporales que exijan a los empleados afectados residir en una población distinta de la de su domicilio habitual. Para poder acogerse a esta facultad debe justificar razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por contrataciones referidas a la actividad empresarial. Deberá abonar además de los salarios, los gastos de viaje y las dietas a los trabajadores concernidos por la decisión.

Derechos del trabajador

En el momento de recibir la notificación de traslado a un nuevo centro de trabajo, si el trabajador acepta la propuesta, tiene derecho a percibir una compensación económica que comprende tanto los gastos propios como los de los familiares a su cargo, en los términos que se convengan entre las partes, y nunca será inferior a los límites mínimos establecidos en los convenios colectivos.

¿Qué pasa en el caso de no estar de acuerdo con el traslado? Que el empleado puede acogerse a la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. Si no opta por la extinción de su contrato laboral, y está disconforme con la decisión empresarial, el trabajador puede, sin evitar el traslado en el plazo de incorporación notificado, impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia declarará el traslado justificado o injustificado y, en este último caso, reconocerá el derecho del empleado a ser reincorporado al centro de trabajo de origen.

Cuando los traslados afecten a varios trabajadores, éstos pueden reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual emprendida por cada uno de ellos. La interposición del recurso paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución.

En los desplazamientos temporales, el empleado debe ser informado de esta obligación con una antelación suficiente a la fecha de su efectividad, que no podrá ser inferior a cinco días laborables en el caso de desplazamientos de duración superior a tres meses. En este último supuesto, el trabajador tiene derecho a un permiso de cuatro días laborables en su domicilio de origen por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como tales los de viaje, cuyos gastos correrán a cargo del empresario. El empleado que esté en desacuerdo con esta medida, puede recurrirla -sin evitar su cumplimiento- en los mismos términos previstos en el caso de los traslados.

Destacar también que los desplazamientos cuya duración en un periodo de tres años exceda de doce meses tendrán, a todos los efectos, el tratamiento previsto en el Estatuto de los Trabajadores para los traslados, remarca la ley.

Si por cambio de centro laboral uno de los cónyuges de un matrimonio debe mudar de residencia, el otro, si fuera trabajador de la misma empresa, tiene derecho al traslado a la misma localidad, si existe puesto de trabajo vacante. El empleado puede igualmente solicitar un traslado voluntario por motivos familiares o por permuta voluntaria con un trabajador de otro centro de la empresa. Para lograrlo es necesario un acuerdo con el empresario.

Casos de especial protección

El Estatuto de los Trabajadores también reserva un espacio para la protección de aquellas personas con consideración de víctimas de violencia de género o de terrorismo. En estos casos, los empleados obligados a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde prestan sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tienen derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros laborales. La empresa está obligada a comunicar a los trabajadores las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.

El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa tiene la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaban los empleados. Terminado este periodo, los trabajadores pueden optar entre el regreso a su ocupación anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, se anulará la obligación de reserva, según señala el Estatuto.

En el caso de las personas con discapacidad, aquellas que acrediten la necesidad de recibir fuera de su localidad un tratamiento de habilitación o rehabilitación médico-funcional o atención, tratamiento u orientación psicológica relacionado con su discapacidad, tienen derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que su empresa tuviera vacante en otro de sus centros de trabajo en una localidad en que sea más accesible dicho tratamiento. Se aplican a este colectivo los mismos términos y condiciones que los establecidos para las víctimas de violencia de género y de terrorismo.

Todo lo que hemos explicado anteriormente es un resumen, aunque amplio, sobre todas las cuestiones que atañen a la movilidad laboral. De todos modos, si existe alguna duda, aclaración o saber qué derechos tiene un trabajar si acepta ese cambio o, por el contrario, qué pasaría exactamente si lo rechaza, lo mejor es acudir a un equipo profesional que pueda contestarle, como el departamento de laboral de IG Asesores.

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