Claves para evitar clientes morosos

factura insolvente

La morosidad es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. De hecho, figura entre los principales motivos de la desaparición de negocios. ¿En qué medida? Según estimaciones de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ha causado el cierre de más de 400.000 empresas desde el inicio de la crisis en España. Una cifra, como vemos, imponente.

¿Se ha hecho algo para remediarlo? Y la respuesta es sí, por lo menos a nivel legislativo. Así, la dimensión de este perjuicio para el tejido empresarial del país llevó al Gobierno en 2010 a modificar la Ley de Morosidad, con el fin de adaptarla a los cambios producidos en el entorno económico en los últimos años, y tratar de reducir los impagos y los retrasos en el abono de facturas. La norma reconoce en su preámbulo que la morosidad afecta especialmente a las pymes, las cuales “funcionan con gran dependencia al crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad en el contexto económico actual”.

¿Qué consecuencias tiene esta morosidad? Que los impagos y demoras en los cobros impiden a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos hacer frente a sus propias obligaciones con sus trabajadores y proveedores. Incluso generan un desfase de liquidez y tesorería que puede acabar con el cese de un negocio.

Entre las medidas recogidas en la Ley de Morosidad destaca la obligación por parte de las empresas de pagar las facturas en un máximo de 60 días. Este periodo no puede ser ampliado por acuerdo entre las partes. La eliminación de esta posibilidad busca “evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores, que den lugar a aumentos injustificados del plazo de pago”, señala la ley. Por su parte, el sector público debe pagar en la actualidad en un máximo de 30 días.

De todos modos, todas las disposiciones contempladas en la Ley de Morosidad no siempre son suficientes para evitar las demoras en los cobros, por ello, se recomienda a las pymes y autónomos tomar precauciones adicionales. ¿Cuáles?

Investigar a los potenciales clientes

Conocer el estado financiero de los posibles nuevos clientes es la primera medida recomendada para tratar de evitar sorpresas desagradables. Para ello, se puede recurrir a diversas fuentes públicas y privadas. El Registro Mercantil de Bizkaia reúne información mercantil básica de cualquier empresa del territorio, sus depósitos de cuentas de los últimos cinco años, sus cuentas anuales… En el Registro de la Propiedad de Bizkaia se encuentran inscritos los bienes e inmuebles de los que disponen las empresas. Toda esta información puede ayudar a las pymes a determinar si la entidad o persona física que ha solicitado sus servicios le conviene como cliente.

Es importante consultar los ficheros o registros de morosos para cerciorarse sobre la solvencia de los nuevos compradores. Tres de las fuentes de información a las que se puede recurrir son el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI), la Asociación Nacional de Entidades de Financiación (ASNEF) o el Experian Bureau Empresarial.

Si se quiere estar seguro de tener toda la información necesaria para determinar la solvencia de los potenciales clientes, se puede solicitar un informe investigado a empresas especializadas en la prestación de este tipo de servicios.

También es recomendable guardar en una base de datos todos los usuarios con los que se ha trabajado y su comportamiento de pagos. Si vuelven a solicitar nuestros servicios, nos ayudará a recordar si hubo algún problema con sus abonos de facturas.

Especificar condiciones de pago

Además de investigar con quién – o para quién – se trabaja, en el momento de tratar con los nuevos clientes resulta útil establecer desde el principio y de manera clara las condiciones de pago: método de facturación y plazo de abono. Se deben reflejar por escrito tanto en los contratos como en los presupuestos y presentarlos para ser firmados por el demandante del servicio. De este modo, queda registrada la aceptación de los términos establecidos.

Se aconseja establecer períodos cortos para el pago de las facturas, y en aquellos casos donde pueda ser factible, como la venta de productos, el cobro anticipado. A los clientes asentados, a los que ya se conoce, se puede ofrecer métodos de pago adaptados a ellos como parciales por adelantado, pago en plazos… En la prestación de servicios recurrentes es recomendable decantarse por la domiciliación bancaria como método de pago.

Algunos especialistas sugieren formalizar las ventas a través de cheques, pagarés o letras con firma autorizada. En caso de impago, suponen una prueba si es necesario recurrir a la justicia.

Enviar las facturas a tiempo

Es imprescindible enviar las facturas a tiempo y sin errores, antes del día 16 del mes posterior en que se haya prestado el servicio, si el destinatario es empresario o profesional. Asimismo, se pueden remitir recordatorios de pago cuando se aproxime la fecha acordada para llevarlo a cabo. En este sentido resaltar que la digitalización de este proceso es muy útil para evitar que las facturas en formato físico se traspapelen en la oficina del cliente y el pago se demore.

Contratar un seguro de crédito

Para protegerse de posibles impagos, las pymes y autónomos tienen la opción de contratar un seguro de crédito. Este producto, disponible en muchas compañías de seguros, garantizan el cobro de los créditos a su favor cuando se produce el incumplimiento de pago por la insolvencia de sus clientes deudores. Desde IG Asesores podemos asesorar sobre cuales son las mejores opciones.

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